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PARANA, 06/03/2019

En el Concejo Deliberante, comenzó el análisis del aumento del boleto

Doce concejales, junto a representantes de distintos sectores vinculados al transporte urbano de pasajeros, participaron de la reunión. DESCARGAR FOTO

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante paranaense se reunió en la mañana de este miércoles, en la antesala del Recinto de Sesiones del HCD, para comenzar el tratamiento en ese ámbito del proyecto de adecuación tarifaria del servicio de colectivos, elevado al cuerpo legislativo por el intendente Sergio Varisco.

Del encuentro participaron doce de los quince concejales que conforman la legislatura de la capital entrerriana. Entre ellos, la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Elsa Salazar (“Paraná de Pie”), y su compañero de bancada Santiago Gaitán; por “Cambiemos” lo hicieron Karina Llanes, Claudia Acevedo, María Marta Zuiani y Carlos González. También estuvieron los dos representantes del “bloque UNA – Frente Renovador”, Silvina Fadel y Luis Díaz. Mientras que por el “Frente para la Victoria” asistieron Sergio David Cáceres, Stefanía Cora, Cristina Sosa y Enrique Ríos.

También estuvieron presentes y formaron parte del debate con sugerencias y opiniones los siguientes ciudadanos: Alicia Glauser, representante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista; Luis Garay, defensor del Pueblo; Juan Carlos Dittler, secretario General en la seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); Eduardo Massarotti, responsable del área de planificación de la Dirección de Transporte de Entre Ríos; Leonel Pannoni, Pablo Folonier y Stefanía Noro, usuarios del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en Colectivo, e invitados especiales.

La Comisión volverá a reunirse para seguir analizando este tema mañana jueves 7 y el viernes 8 de marzo, a partir de las 9.30.

El usuario Pablo Folonier al usar de la palabra, en el seno de la Comisión, expresó que “el servicio de transporte urbano de la ciudad de Paraná pasa por un muy mal momento”, fustigando que la redeterminación de la tarifa la haya efectuado el Departamento Ejecutivo “mediante un decreto”.

Consideró que tal decisión, a su criterio, “requiere la realización de una audiencia pública para la defensa de los usuarios junto con la intervención del Defensor del Pueblo”.

En razón de ello afirmó: “Además estamos en falta constitucional, al no haber implementado la participación de los usuarios en los órganos reguladores (como el Sistema Integral de Transporte Urbano)”.

Sobre el tema tarifario precisó que “el valor del boleto debe ser justo y razonable, evitando que adquiera un carácter confiscatorio, afectando los intereses económicos de los consumidores”.

Folonier abogó para que la potestad tarifaria “sea ejercida con razonabilidad, evitando que la autoridad pública lo haga de forma arbitraria”.

Otro usuario, Leonel Pannoni, denunció “la existencia de irregularidades en el procedimiento instrumentado por el Departamento Ejecutivo”, poniendo como ejemplo el decreto Nº 101/19 dictado por el intendente Sergio Varisco, “fijando la tarifa de manera inconsulta, desconociendo la potestad que la ordenanza concede al Concejo Deliberante”.

“Como vecinos y usuarios, nuestro propósito es velar por la transparencia al momento de fijar la tarifa, más allá de si procede o no el aumento propuesto”.

Pannoni estimó que “el incremento del boleto, si bien responde a una quita de subsidios por parte del gobierno nacional y al actual proceso inflacionario, además de los cálculos de costos del servicio que pueden hacer procedente el mismo, lo cierto –prosiguió- es que ello debe evaluarse respecto a la calidad del servicio y a las condiciones en que se está prestando”.

Fue crítico respecto de “todas las promesas que hizo esta gestión con relación de la cuestión vinculada a garitas y sobre todo a frecuencias, que era el principal objetivo que se buscaba a través del nuevo sistema, y que no se ha cumplimentado”.

Por otra parte, manifestó que un cuadro tarifario “de semejante impacto como el que se propone”, producirá inevitablemente una baja de la demanda, lo que a su vez hace peligrar el sostenimiento de la prestación del servicio.

Advirtió que una de las empresas prestatarias (ERSA) se ha presentado en concurso preventivo de acreedores, dejando de prestar el servicio en Santiago del Estero.

El Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Garay, al plantear la posición del organismo a su cargo, ponderó que la Comisión haya convocado a diversos sectores y sobre todo a los usuarios del servicio, y recordó: “Nosotros venimos planteando reiteradamente, que antes de hablar de números hay que hablar del servicio”.

“Esto es una cuestión crónica”, dijo, y definió al Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Paraná de “malo”, acotando que el desafío desde el estado municipal “es ir trabajando para revertir tal situación”.

Sobre el particular, sostuvo que “no es cuestión de echar culpas, sino de buscar soluciones y para ello el rol del Estado es fundamental”, bregando por la prestación de “un servicio digno y como corresponde”, de acuerdo al contrato de concesión.

El Defensor del Pueblo enfatizó: “Acá lo importante es el usuario, ya que de no existir usuarios no existiría este servicio público”, e indicó un detalle que no es menor, revelando que en Paraná solo 14,5 por ciento de los ciudadanos utiliza el transporte público, “por lo que algo debe estar pasando”, acotó. Para finalmente apuntar que este medio de movilidad urbana “no se elige, porque el servicio es malo”.

El presidente del bloque de concejales del “Frente para la Victoria”, Sergio David Cáceres, reveló desconocer “sobre qué bases de información se ha elaborado este nuevo cuadro tarifario, ya que, desde la entrada en vigencia de esta nueva concesión, “toda la medición de los costos se hace sobre información que proveen las empresas, por lo cual no hay forma fehaciente de saber si es objetiva y verídica”.

El edil opositor indicó que “toda pretensión en la suba del boleto debe ser consecuente con una adecuada y eficiente prestación del servicio para los usuarios”.

Más adelante aludió al discurso pronunciado por el intendente Sergio Varisco, al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, “donde habló de las virtudes del servicio”.

También acotó que la Municipalidad de Paraná “carece de injerencia respecto a la regulación del servicio interurbano” (Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito), manifestando que la afirmación vertida por el titular del Departamento Ejecutivo “que tendríamos el boleto más barato del país no es cierta”, poniendo como ejemplo que en la ciudad de La Paz el precio del boleto es de quince pesos.

“Queremos hablar de las falencias del servicio”, dijo el edil, e indicó: “Así como afecta a las empresas la suba de los costos, afecta aún más a los usuarios que lo sufren”.

Durante el encuentro, el secretario General de la “Unión Tranviarios Automotor” (UTA), Carlos Dittler, expresó: “Nosotros venimos a salvaguardar la fuente de trabajo de quinientas familias que dependen de este servicio”, y explicó que “lamentablemente el salario del trabajador tiene que ver con la tarifa, ya que es parte del presupuesto de las empresas”.

Reafirmó que su gremio “viene a defender esa postura”, aclarando que nunca han pedido que “el empresario se lleve más de la cuenta”, y añadió: “Llegamos a esta situación por la tristísima situación económica que hoy vive el país, que constituye una economía de terror para el pueblo trabajador”.

Respecto a las falencias señaladas en la prestación del servicio, Dittler respondió que “ello es responsabilidad del poder concedente (la Municipalidad), que tiene que hacer cumplir las disposiciones contenidas en el contrato de concesión”.

Retomando el tema de las causas motivantes del aumento en el precio del boleto, enfatizó que “esto viene mal parido desde arriba, desde el gobierno nacional, al decidir eliminar los subsidios al transporte, a lo que hay que agregar el creciente nivel inflacionario, lo cual ha determinado que los trabajadores hayan quedado atrás respecto del poder adquisitivo del salario en más de un treinta por ciento”.

“Lamento que esta situación nos lleve a un enfrentamiento de pobres contra pobres”, expresó.

Carlos González, representante de la bancada de “Cambiemos”, sostuvo que “el colapso que de alguna manera se trata de anticipar del transporte público, generó un debate en todos los niveles a raíz de la decisión del gobierno nacional de disponer la rebaja de los subsidios”.

Referenció que en la mesa donde se tomó tal resolución, “estaban presentes el gobierno nacional, los trabajadores de UTA, que son parte importante del sector laboral y que también debemos cuidar, y las provincias”, remarcando que “los grandes ausentes y que finalmente terminan siendo parte de la respuesta que hay que dar, fueron los municipios”.

Subrayó que como consecuencia del Pacto Fiscal suscripto con la Nación, los gobiernos provinciales acordaron entre otras medidas la quita de subsidios, pero la aplicación de otra forma recaudatoria, advirtiendo que “tal ecuación no contempló todos los números que necesita el sistema de transporte de pasajeros para funcionar, y entonces ahí aparece el fusible, que son los municipios”.

El concejal graficó la situación puntualizando que “para un paranaense aparece ahí más cerca la cara de Varisco que la de Bordet, a pesar de que en esa discusión no estuvo Varisco, y sí Bordet”.

“Hay que resolver este tema y cuando hablamos de cifras matemáticas esto es inexorable”, respondió González, y añadió: “Ello es lo que estamos tratando de sortear”.

Comentó que los expertos en costos determinaron un valor del boleto que oscila entre 24,80 y 25 y pico de pesos, pero el intendente Varisco “entendiendo la razonabilidad de estos valores estableció el mismo en 22,80 pesos, pero independientemente de ello está planteando que el municipio, al menos para atender este primer impacto, estaría haciendo un aporte de 2,80 pesos, lo que dejaría el precio del boleto para el usuario en 20 pesos, con lo que tendríamos la tarifa de colectivos más barata del país”.

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